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Desde
los años noventa, el Estado latinoamericano ha experimentado
profundos procesos de transformación que han modificado
su lógica de relacionamiento con la sociedad. En otras
palabras, la vieja matriz estadocéntrica, como la han
llamado algunos autores, que supuso un pacto o compromiso
de corte corporativista entre Estado, partidos políticos,
empresarios y sindicatos, ha entrado en una crisis cuyos resultados
parciales son, de un lado, la reestructuración y desarticulación
del aparato institucional propio del modelo sustitutivo de
importaciones y, por otro, la definición de nuevas
correlaciones de fuerza que expresan el conflicto y la pugna
por posicionar agendas en un cambiante escenario político
y económico.
Por
supuesto, la reforma del Estado no ha sido un proceso lineal
ni mucho menos con las mismas características en todos
los países. En cada país, las condiciones estructurales
previas al período de reformas han afectado la dinámica
de las mismas y condicionado sus alcances. Pero en todos los
casos observamos que la reforma del Estado ha impactado de
manera violenta al sindicalismo en tanto actor político.
Es decir, en la medida en que los sindicatos articularon los
intereses de los trabajadores durante el largo período
del Estado Benefactor y la sustitución de importaciones,
la pérdida de poder y de legitimidad sufrida por los
sindicatos también puede leerse como una pérdida
de importancia de los trabajadores como actores políticos.
Ahora, se privilegia la categoría de ciudadano versus
trabajador en la constitución de las fuentes de legitimidad
del poder estatal, y esto sin duda alguna impacta a las organizaciones
y a la capacidad de los trabajadores para afectar el curso
de las reformas radicales en los planos económico (reforma
del mercado y reconversión productiva) y político-institucional
(reforma del Estado).
Teniendo
en cuenta el escenario anterior, nos parece muy importante
la discusión sobre cómo rearticular un sujeto
social sindical capaz, por un lado, de seguir asumiendo la
representación de los trabajadores en el nuevo contexto
del mundo del trabajo y, por otro, de agregar agendas más
amplias que permitan la generación de alternativas
al modelo económico adoptado por la región latinoamericana
en los últimos 20 años.
No
obstante, esta discusión debería estar lo más
alejada posible de sectarismos e ideologizaciones que impedirían
analizar al sujeto sindical en sus propias especificidades,
partiendo de su herencia organizativa y de las expectativas
de futuro que sea capaz de construir y traducir en acciones.
En otras palabras, una rearticulación del sujeto sindical
latinoamericano (con las diferencias admisibles en cada país
o región) debería suponer una nueva perspectiva
para comprender que los sujetos sociales son momentos de articulación
entre las condiciones estructurales de una sociedad particular
(por ejemplo, en lo que atañe a la reforma del Estado)
y las formas en que los sujetos dan sentido a dichas estructuras
e instrumentalizan sus acciones en términos de oposición
o respaldo a un determinado proyecto de sociedad.
La
discusión abarca ámbitos tan diversos como la
seguridad social, la gestión de productividad en la
empresa, los temas fiscales, ambientales y laborales, el sector
agrario y cualesquiera otros que en cada contexto sociopolítico
adquieran relevancia para la determinación del rumbo
de la sociedad. Asimismo, parece ser hora de que los sindicatos
asuman una discusión en profundidad relativa a la democratización
de sus estructuras internas, ya que este factor también
deslegitima su accionar ante la sociedad y dificulta que las
organizaciones sindicales vuelvan a convertirse en interlocutores
válidos entre el Estado y una sociedad civil mucho
más plural y –en muchos casos– desarticulada
de lo que era hace 20 años, al inicio de la reforma
del Estado. Esto naturalmente nos lleva a la necesidad de
abandonar el corporativismo como mecanismo de relacionamiento
de los sindicatos tanto con el Estado como con otros actores
sociales, ya sean emergentes o de viejo cuño.
Resumiendo,
podemos afirmar que la reforma del Estado ha redimensionado
la forma en que el aparato estatal se relaciona con las organizaciones
sindicales, perdiendo estas últimas el lugar relativo
privilegiado que ocuparon durante la larga fase del Estado
Benefactor y el modelo sustitutivo de importaciones. En toda
la región latinoamericana hay que impulsar una discusión
necesaria sobre la rearticulación de un sujeto social
sindical capaz de seguir representando a los trabadores pero
también de enfrentar con éxito el modelo dominante.
Esto pasa por recuperar su propia capacidad y sus propias
potencialidades, en relación tanto con su herencia
organizativa y programática como con sus proyectos
de sociedad. Es lo que podríamos denominar como el
vínculo entre memoria y utopía (ambas entendidas
como categorías políticas).
Las
organizaciones sindicales latinoamericanas pueden aportar
mucho todavía en cuanto al fortalecimiento de las democracias
aún débiles que intentan construirse en la región
partiendo de experiencias traumáticas como la dictadura
militar o la guerra civil. La nueva matriz socio-política
exige a las organizaciones de la sociedad civil una mayor
incidencia en los procesos de activación política
mediante propuestas y capacidad de articulación social.
¿Qué podemos esperar del movimiento sindical
latinoamericano en esta coyuntura?
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